La diputada nacional de Unión por la Patria, Fernanda Díaz, participó este miércoles de la sesión especial convocada por el oficialismo en la Cámara de Diputados para tratar, entre otros temas, el régimen de incentivos a grandes inversiones conocido como “Súper RIGI”. Durante el debate, cuestionó la iniciativa por considerar que favorece a grandes corporaciones extranjeras en detrimento de las empresas y pymes argentinas.
La legisladora señaló que la sesión se desarrolló un día después de que La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y gobernadores aliados al Gobierno nacional impidieran el quórum para debatir denuncias vinculadas al vocero presidencial, Manuel Adorni. En contraste, sostuvo que esos mismos espacios garantizaron el funcionamiento de la Cámara para avanzar con un proyecto que otorga beneficios extraordinarios a grandes grupos inversores.
Según explicó Díaz, el denominado “Súper RIGI” contempla un régimen especial para inversiones superiores a los mil millones de dólares, con exenciones impositivas, ventajas cambiarias, libre disponibilidad de divisas y estabilidad normativa por 30 años.
La diputada advirtió que, mientras un reducido grupo de grandes empresas accedería a condiciones excepcionales, las compañías nacionales y las pymes continuarían sujetas a las reglas generales de la economía, generando una situación de competencia desigual. Además, afirmó que la iniciativa limita la capacidad futura del Estado para impulsar políticas de desarrollo industrial, fortalecer el compre nacional y promover inversiones con participación de empresas locales.
A través de sus redes sociales, Díaz expresó que el proyecto “consolida beneficios extraordinarios para un pequeño grupo de grandes empresas mientras excluye al entramado productivo nacional y condiciona durante décadas la capacidad del Estado para definir políticas de desarrollo”.
En ese marco, reafirmó su compromiso con la defensa de la industria nacional, las empresas argentinas, las pequeñas y medianas empresas y el empleo local.
“Este no es un régimen de promoción. Es una transferencia de ventajas competitivas desde quienes producen e invierten en la Argentina hacia un reducido grupo de corporaciones extranjeras. Defender a nuestras empresas es defender el empleo, el desarrollo y la soberanía económica. Por eso no voy a convalidar este proyecto con mi voto”, concluyó.