Los intendentes de la Provincia llevaron sus quejas al propio Ministerio de Economía de la Nación. Ese planteo de los intendentes expone un conflicto de fondo entre las provincias y el gobierno nacional que va mucho más allá de un reclamo puntual: pone en discusión el modelo de distribución de recursos, el rol del Estado en la obra pública y el impacto concreto de las políticas económicas en el interior.
En el centro de la escena aparece el ministro de Economía, Luis Caputo, como responsable de una política de fuerte ajuste fiscal que, según los jefes comunales, terminó trasladando el peso de la crisis hacia abajo: primero a las provincias y luego a los municipios.
El eje más sensible del reclamo es el uso del Impuesto a los Combustibles. Los intendentes señalan una contradicción clara: mientras la recaudación creció de manera exponencial, no se tradujo ni en obras viales ni en alivio para los usuarios. En paralelo, el fuerte aumento del precio de los combustibles —más del 500% según denuncian— actúa como un multiplicador inflacionario que encarece toda la cadena económica: transporte, producción y alimentos.
Pero el conflicto no es solo técnico ni contable. Tiene una dimensión política evidente. La paralización de la obra pública nacional afecta directamente a los municipios, que ven deteriorarse rutas, frenarse proyectos y desaparecer una fuente clave de empleo local. En muchos distritos, la obra pública no solo ordena el territorio, sino que también sostiene la actividad económica.
A esto se suma otro dato que los intendentes ponen sobre la mesa: el crecimiento de la demanda social. Más personas recurren a los municipios por asistencia alimentaria en un contexto donde, al mismo tiempo, caen los recursos disponibles. Esa combinación —más necesidades y menos fondos— configura un escenario crítico para las administraciones locales.
El señalamiento sobre el cierre de PyMES y la precarización laboral completa el cuadro: menos actividad económica, menos empleo formal y mayor presión sobre el Estado municipal como última red de contención.
En síntesis, el reclamo no se limita a pedir fondos. Es una advertencia política y económica: sin redistribución de recursos y sin reactivación de la obra pública, los municipios quedan atrapados en una ecuación imposible, donde deben dar más respuestas con cada vez menos herramientas.
15/04/26 Giordano estuvo en la reclamos al ministerio
El intendente de Colón, Waldemar Giordano, se sumó al reclamo colectivo de jefes comunales y llevó una posición concreta ante el Ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei.
“El planteo es claro y urgente: necesitamos que se reactiven las obras paralizadas, que se restituyan los fondos nacionales que le corresponden a nuestra ciudad y que se retrotraiga el precio de los combustibles al 1 de marzo para proteger a nuestras economías regionales”, expresó.
Giordano remarcó que la situación impacta de lleno en la vida cotidiana de los vecinos: “Cada decisión del gobierno nacional golpea directamente el bolsillo de las familias, afecta el trabajo y condiciona las posibilidades de crecimiento de nuestras comunidades”.
En ese sentido, sostuvo que el municipio seguirá activo frente a este escenario adverso: “No vamos a aflojar. Vamos a continuar gestionando, planificando y defendiendo lo que le corresponde a Colón, porque detrás de cada recurso que se recorta hay una necesidad concreta que queda sin respuesta”.
El mensaje se inscribe en un reclamo más amplio de los intendentes, que advierten sobre las consecuencias sociales y económicas de la falta de obra pública, la caída de recursos y el encarecimiento de los costos productivos en el interior.