La intención del municipio de Rojas de aplicar una tasa sobre el consumo de combustibles —similar a la que rige en otras ciudades como la nuestra— duró apenas unos días. El anuncio despertó un rechazo inmediato entre vecinos, comerciantes y sectores productivos, que advirtieron el impacto que una carga adicional tendría en un contexto económico ya difícil.
Frente a ese escenario, el intendente Román Bouvier optó por dar marcha atrás. En un mensaje público, explicó que la medida buscaba apuntalar las finanzas del Hospital Unzué y sostener servicios esenciales, pero reconoció que “no era la adecuada para este momento”.
La rectificación es, en sí misma, un gesto político relevante. Gobernar implica tomar decisiones, pero también revisar cuando el resultado esperado no es el que la comunidad necesita. La reversión evita tensiones adicionales y muestra sensibilidad frente a la realidad local.
El desafío, sin embargo, sigue vigente: cómo reforzar las cuentas municipales sin trasladar más presión a los contribuyentes. Rojas deberá encontrar alternativas viables para sostener el sistema de salud y los servicios, equilibrando las necesidades fiscales con la capacidad real de sus habitantes para afrontarlas.
La discusión recién empieza, pero lo ocurrido deja una enseñanza: sin consenso social, cualquier herramienta tributaria nace debilitada.