Si bien el expediente terminó siendo aprobado, el contrato que mensualmente firma la Asociación de Anestesiología del Norte de la Provincia de Buenos Aires para prestar servicios en el Hospital Municipal Eduardo Morgan generó un intenso debate en el Concejo Deliberante, especialmente a partir de la renovación de bancas.
El concejal Nahuel Desimone explicó que el acuerdo establece que la Municipalidad de Colón abonará 432.982 pesos por las guardias de doce horas de lunes a viernes, y 532.055 pesos por las guardias de doce horas correspondientes a sábados, domingos y feriados. El contrato tiene una vigencia mensual, desde el 1º al 30 de noviembre de 2025.
Detalló además que las prestaciones incluyen la evaluación preanestésica, las prácticas de anestesia, analgesia y reanimación en quirófano, así como la recuperación post-anestésica, todas realizadas en el Hospital Municipal.
Desde el oficialismo se destacó el esfuerzo económico del Municipio para sostener el servicio. “Para nosotros la salud pública es un pilar fundamental, y queremos resaltar el enorme esfuerzo que realiza la Municipalidad de Colón para mantener estas prestaciones en un contexto económico y político muy complicado, agravado por el recorte de fondos del Gobierno Nacional hacia los municipios”, señaló Desimone, respaldando la gestión del intendente Waldemar Giordano.
Cuestionamientos desde La Libertad Avanza
El concejal Marcelo Montagna, de La Libertad Avanza, fue uno de los más críticos. Señaló que el contrato estaba vencido al momento de su tratamiento y cuestionó la falta de análisis previo. “Estamos aprobando un contrato correspondiente a noviembre cuando ya estamos en diciembre. Es un canon mensual que incluso ya estaría pago”, sostuvo.
Montagna puso el foco en los montos y en la comparación con los salarios del personal hospitalario. Según detalló, el costo diario de las guardias rondaría entre 800 mil y más de un millón de pesos, lo que totalizaría cerca de 28 millones de pesos mensuales. “Son cuatro profesionales que estarían cobrando alrededor de 7 millones de pesos cada uno, frente a un sueldo básico de un empleado del hospital de 670 mil pesos. La diferencia es muy grande”, afirmó, adelantando que su bloque no acompañaría el expediente y solicitando una sesión extraordinaria para analizar los pagos de diciembre y los meses siguientes.
Propuesta de ampliar el debate
En la misma línea, la concejala Milagros Morales consideró necesario profundizar la discusión. Si bien reconoció el esfuerzo municipal, planteó que “cuando ese esfuerzo recae solamente sobre cuatro profesionales, se genera una brecha cada vez más grande”. Propuso revisar este tipo de contrataciones bajo criterios de austeridad y convocar a actores de la Región Sanitaria y del Ministerio de Salud provincial para achicar diferencias con la Asociación de Anestesiología.
Morales también recordó que los anestesiólogos se forman en el sistema público de salud y sostuvo que los contratos llegan al Concejo “cuando ya están todos los términos definidos”, lo que limita el debate político.
Respuesta del Ejecutivo
La presidenta del Concejo y futura intendenta interina, Natalia Avetta, respondió que la problemática no es provincial sino nacional, ya que la Asociación de Anestesiología funciona a nivel país y fija criterios uniformes. Explicó que los valores se actualizan según el IPC y que la inflación impide, por el momento, avanzar con contratos trimestrales o de mayor duración.
“Las puertas del hospital no se pueden cerrar. Las urgencias no se pueden interrumpir. Tenemos la responsabilidad de garantizar las prestaciones de salud”, afirmó Avetta, invitando a los concejales a participar de reuniones con la Asociación para plantear inquietudes, pero insistiendo en la necesidad de aprobar el expediente para no poner en riesgo el servicio.
Definición
Ante la falta de acuerdo, los bloques opositores solicitaron que el expediente volviera a comisión, algo que no prosperó. Finalmente, el contrato fue aprobado por mayoría, mientras que la oposición dejó constancia de sus objeciones y reclamó abrir un debate más amplio de cara a los próximos acuerdos.
23/12/25 Debate por el costo de la anestesiología
El debate generado en el Concejo Deliberante por el contrato con la Asociación de Anestesiología vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva ni exclusiva de Colón. Los valores que exige la entidad profesional ya fueron cuestionados en otras oportunidades, incluso por concejales que hoy continúan ocupando sus bancas y que conocen de primera mano cuál ha sido históricamente la respuesta de la Asociación ante cualquier intento de revisión: “Ese es el precio de la prestación; si no están de acuerdo, envíen una carta documento dando por terminado el servicio”.
Ese planteo, duro pero real, expone una situación estructural que atraviesa a todo el país. La anestesiología es una especialidad crítica, con pocos profesionales disponibles, altamente organizados y con un fuerte poder de negociación colectiva. Las instituciones que los nuclean imponen condiciones que los municipios —especialmente los de menor escala— tienen escaso margen para discutir si pretenden sostener la atención quirúrgica y las urgencias en hospitales públicos. En ese marco, el debate sobre la justicia o no de esos honorarios frente al acceso universal a la salud es legítimo y necesario, pero también profundamente desigual.
Muchos concejales de Colón conocen esta realidad y saben que la alternativa no es sencilla: aceptar los términos o asumir el costo político y sanitario de una eventual interrupción del servicio. Esa tensión explica por qué, más allá de los discursos críticos, los contratos terminan aprobándose.
El segundo eje del conflicto, no menor, es el tratamiento de un contrato vencido. El convenio sometido a consideración correspondía al mes de noviembre, cuando el Concejo ya sesionaba en diciembre. Sin embargo, el propio contrato establece una cláusula clave: el acuerdo entre las partes queda sujeto a la aprobación “ad referéndum” del Concejo Deliberante. Es decir, la prestación se ejecuta con posterioridad sujeta a la convalidación política del cuerpo legislativo, una práctica habitual pero que debilita el rol de control del Concejo y reduce el debate a una validación de hechos consumados.
Allí radica el núcleo del malestar opositor: no tanto en desconocer la complejidad del sistema ni la necesidad de garantizar la salud pública, sino en reclamar mayor previsión, transparencia y tiempos reales de análisis. Mientras esa lógica no se revise, el debate seguirá repitiéndose mes a mes, con contratos aprobados a destiempo y discusiones que llegan cuando las decisiones ya están tomadas.