En el ámbito municipal se discutieron recientemente aspectos clave sobre la habilitación de comercios y las inspecciones que lleva adelante la Dirección de Seguridad e Higiene. Se informó que las inspecciones oculares se realizan conforme al decreto 351/79 de la Ley Nacional de Seguridad e Higiene N.º 19.587, evaluando diversos ítems mediante una grilla que determina si cada aspecto cumple, no cumple o no aplica.
Durante el transcurso de 2025 ya se efectuaron aproximadamente 113 inspecciones. Además, la Oficina de Habilitaciones cuenta con el apoyo operativo de la Secretaría de Seguridad (GUM), que recorre distintos barrios solicitando a los comercios el certificado correspondiente. En los casos donde no se presenta la documentación, se notifica al titular del comercio y se otorga un plazo de 15 días para regularizar la situación en las oficinas de fiscalización del Palacio Municipal. De no cumplirse ese requerimiento, el expediente es elevado al Juzgado de Faltas.
En lo que va del año, desde la Oficina de Habilitaciones se notificaron 60 casos de comercios que aún no completaron el trámite correspondiente. Paralelamente, la GUM realizó 40 notificaciones por falta de habilitación, mientras que 63 trámites fueron finalizados con la entrega del certificado.
Desde la oposición, señalaron que muchos negocios que operan a simple vista aún no están inscriptos, lo que representa una pérdida para las arcas municipales.
Por su parte, desde el oficialismo se instó a los comerciantes a acercarse al municipio y perder el miedo a consultar. “La tasa por habilitación no es elevada comparada con otros gastos que tiene un comercio”.
Aprobación de ordenanza que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas de bienes
El Concejo Deliberante de Colón aprobó una ordenanza que obliga a los funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas de bienes, en el marco de un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La medida forma parte del Programa Red de Oficinas de Transparencia, y se plantea como una herramienta clave para fortalecer la ética pública y garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
La normativa alcanza al intendente, secretarios, subsecretarios, directores y personal con jerarquía equivalente, al contador o contadora municipal, tesorero, jefe de compras, concejales electos, y autoridades del Departamento Deliberativo, entre otros.