El proyecto del Parque Industrial sigue envuelto en sospechas, demoras y una compleja maraña judicial, lo señala la publicación Rojas Ciudad.
Sostiene, En las últimas horas se conoció que el abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo, representante legal del grupo “Desarrollos Argentinos” —encargado del fallido desarrollo del Parque Industrial de Rojas— fue detenido en el marco de la causa conocida como la del “Rey de la Salada”.
Fernández Zurdo quedó implicado en una negación que involucra al conocido empresario Jorge Castillo, su esposa, su hijo y otras personas acusadas de asociación ilícita y lavado de dinero. Entre los detenidos también figuran Mabel Cristina Islas, David Alberto Heinze, Christian Ezequiel Arrieta, Aldo Enrique Presa, Guadalupe Presa, María Mora Presa, María Sara Corigliano, Javier Rubén Arjovsky, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión, según fuentes judiciales.
La noticia vuelve a poner bajo la lupa el desarrollo del Parque Industrial, una iniciativa impulsada durante la gestión del exintendente y actual diputado provincial Claudio Rossi, quien mantendría estrechos vínculos personales y políticos con el empresario Miguel Berin, titular del fideicomiso que posee los derechos sobre el predio. Rossi nunca dio detalles públicos sobre el alcance del convenio firmado entre el municipio y la empresa de Berin, que cuenta con condiciones notoriamente favorables a esta última y escasa —por no decir nula— protección del interés municipal.
El terreno destinado al parque fue cedido originalmente por Carlos Carmelino Borassi con fines de desarrollo industrial, pero actualmente se encuentra judicializado. La actual gestión, encabezada por el intendente Román Bouvier, reclama la restitución del predio. A través de la Secretaría Legal y Técnica, el municipio avanza con acciones judiciales para intentar recuperar el control del mismo.
El fideicomiso para financiar el proyecto fue celebrado el 11 de diciembre de 2019 e implicaba una inversión estimada en 3 millones de dólares, con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses. Sin embargo, cinco años después, lo único que ha crecido en el predio son los pastizales.
La situación refuerza la sensación de estancamiento en Rojas, una ciudad que, en nombre del progreso, ha quedado atrapada en políticas poco transparentes y acuerdos que parecen beneficiar a unos pocos.