Durante la última sesión del Concejo Deliberante se trató el convenio marco de colaboración firmado por el Departamento Ejecutivo con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, destinado a la implementación del Plan Integral de Seguridad Vial en el Partido de Colón. Tras un extenso y profundo debate, el expediente fue aprobado por mayoría, con el acompañamiento del oficialismo y el rechazo de la oposición.
Desde el bloque Fuerza Patria, el concejal Matías Cánepa explicó que se trata de un convenio marco, paso previo a futuros acuerdos específicos, con una mirada integral de la seguridad vial. Detalló que el plan contempla educación vial, campañas de concientización, creación de un observatorio de estadísticas de tránsito, provisión de equipamiento para controles de alcoholemia, velocidad y ruidos, y la adhesión al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).
Cánepa remarcó que el objetivo no es recaudatorio, sino preventivo, y sostuvo que el 20% de las multas que percibiría la Provincia debe entenderse como una inversión frente a los costos que implicaría desarrollar un sistema propio. Además, destacó la modernización, la transparencia y la integración con el Registro Único de Infractores, lo que permitiría mayor control y eficacia en la gestión del tránsito.
En contraposición, la concejal Mariela Calomino, del bloque Nuevos Aires, cuestionó con firmeza la cláusula que establece la cesión del 20% de la recaudación de multas a la Provincia, al considerar que afecta la autonomía financiera del municipio. Señaló que el convenio traslada al municipio la mayor parte de los costos operativos mientras la Provincia conserva el control del sistema informático, sin justificación técnica ni económica. Además, advirtió que se prioriza la lógica recaudatoria por sobre la prevención y se desestima un plan integral local ya elaborado con participación comunitaria.
En la misma línea, Marcelo Montagna expresó un rechazo categórico al convenio, al que calificó como “una caja política”, asegurando que no persigue fines preventivos sino recaudatorios. Advirtió sobre posibles consecuencias negativas para la comunidad y sostuvo que Colón cuenta con herramientas suficientes para aplicar una política de seguridad vial propia, sin ceder control ni recursos.
Desde el oficialismo, Maximiliano Desimone defendió el convenio como un acuerdo de cooperación entre Provincia y Municipio, subrayando que no se trata de una problemática exclusivamente local. Destacó que muchos de los reclamos vecinales ya están contemplados tanto en ordenanzas vigentes como en el propio convenio marco, especialmente en materia de educación vial, controles, capacitación y unificación de datos.
Finalmente, pese a las objeciones planteadas por los bloques opositores, el convenio fue sometido a votación y aprobado por mayoría, habilitando al Departamento Ejecutivo a avanzar en la implementación del Plan Integral de Seguridad Vial en articulación con la Provincia de Buenos Aires.