Las repercusiones por la difusión en redes sociales de los sueldos de funcionarios y empleados jerárquicos de la administración municipal de Waldemar Giordano continúan generando respuestas y nuevos interrogantes.
En las últimas horas fue el propio intendente quien salió a fijar posición. A través de una publicación, Giordano explicó que su remuneración está determinada por la legislación vigente, la cual establece un piso salarial para el cargo, aunque no fija un techo. En ese marco, aseguró que percibe el mínimo que marca la ley y acompañó sus dichos con la imagen de su recibo de haberes.
En este punto, el debate no se centra en el salario del jefe comunal, ya que, tal como él mismo señaló, su remuneración se encuentra regulada por la normativa y, hasta el momento, no existen cuestionamientos sobre su adecuación a lo establecido legalmente.
Otra de las novedades surgió desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio manifestó que su función es defender los intereses de sus afiliados y, al mismo tiempo, no desmintió haber sido el responsable de la publicación en redes sociales de los salarios de los empleados jerárquicos del municipio.
A partir de esta postura, quedan dos cuestiones que aún no tienen una respuesta pública. La primera es si los montos difundidos corresponden efectivamente a los salarios reales de los funcionarios involucrados. Se trata de un aspecto sencillo de despejar: bastaría con que, al igual que hizo el intendente, los mencionados exhibieran sus recibos de sueldo.
El segundo interrogante apunta al origen de la información. Hasta el momento no se explicó cómo llegaron esos datos al gremio. En ese sentido, las posibilidades que se mencionan giran en torno a una eventual filtración, ya sea producto de un error administrativo o de la intervención de alguna de las pocas personas que, por sus funciones, tienen acceso a esa documentación.
Mientras tanto, la polémica sigue abierta y el foco ya no está únicamente en el nivel de las remuneraciones, sino también en la autenticidad de los datos difundidos y en los mecanismos mediante los cuales esa información salió del ámbito administrativo para hacerse pública.