La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 no surgió como un capricho ideológico ni como una improvisación legislativa. Es el resultado de décadas de lucha de usuarios, familiares, trabajadores y organismos de derechos humanos frente a un modelo que, bajo la apariencia de cuidado, habilitó prácticas de exclusión, medicalización excesiva y encierro prolongado. La norma vino a establecer un límite claro: la salud mental no puede abordarse al margen de los derechos humanos. En este contexto, y ante un intento de reforma a nivel nacional que se anuncia por estos días, el director de Salud Mental de Colón, Mario D’Angelo, expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar la política sanitaria.
“Estamos preocupados, la verdad que preocupados. Hoy hay una propuesta de modificar una ley vigente que nos genera incertidumbre sobre cómo continuar algunas intervenciones”, señaló.
D’Angelo remarcó la importancia de comprender el recorrido histórico de la salud mental para dimensionar lo que está en discusión. “Durante siglos, los neuropsiquiátricos funcionaron como espacios de exclusión. Se encerraba a quienes eran considerados ‘problemáticos’ para la sociedad. Con el tiempo, se empezó a entender que las personas deben vivir en comunidad”, explicó.
En ese marco, destacó que la ley sancionada en 2010 fue producto de amplios consensos y es reconocida a nivel internacional. “Promueve la escucha, el trabajo interdisciplinario y la vida en comunidad. Hoy vemos un intento de retroceder hacia un modelo donde la primera respuesta sea la internación, y eso nos preocupa mucho”, advirtió.
Según indicó, uno de los puntos críticos es el financiamiento. “La ley establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental. Hoy ese porcentaje es apenas del 1,4%. Así es muy difícil sostener dispositivos como hospitales de día, casas de medio camino o propuestas sociolaborales”, detalló.
También cuestionó el posible regreso a un modelo centrado exclusivamente en la psiquiatría. “La reforma plantea que la evaluación para una internación quede únicamente en manos del psiquiatra. La ley actual propone equipos interdisciplinarios. Además, en muchos lugares del país ni siquiera hay suficientes psiquiatras”, explicó.
A nivel local, destacó que Colón cuenta con un equipo robusto: cinco psicólogos, cinco psiquiatras y acompañantes terapéuticos tanto para internación como para externación. “Hacemos un esfuerzo muy grande para sostener el sistema pese a los recortes”, afirmó.
Entre las políticas implementadas, resaltó la descentralización de la atención psicológica en los centros de salud barriales y la estrategia de “primera escucha”, que busca generar redes de cuidado más amplias. “No se trata solo de atender, sino de construir proyectos de vida”, sostuvo.
En esa línea, mencionó iniciativas sociolaborales como el proyecto del gallinero, que permite acompañar a personas desde otro lugar. “A veces alguien no va al psicólogo, pero sí participa de estas actividades. Ahí podemos ver cómo está, qué necesita, si tiene contención familiar o dificultades económicas”, explicó.
D’Angelo también advirtió sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental. “La demanda aumentó entre un 11 y un 13%. Eso lo vemos todos los días, incluso en las internaciones”, indicó.
Finalmente, subrayó la importancia del acompañamiento del Estado nacional. “Programas como Remediar eran fundamentales. Hoy los psicofármacos los cubre el hospital municipal. También se discontinuaron incentivos laborales para usuarios que participan en proyectos. Todo eso afecta”, concluyó.
06/05/26 Moratoria 2026
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