El Foro Permanente Discapacidad, Promoción de Derechos, emitió un comunicado alertando sobre la “situación crítica de financiamiento de las instituciones de discapacidad en el marco de la Ley 24.901”.
La carta está dirigida a Mario Lugones, del Ministerio de Salud de la Nación; Diego Spagnuolo, de la Agencia Nacional de Discapacidad; Gabriel Oriolo, de la Superintendencia de Servicios de Salud; y Esteban Leguizamo. En ella, se expresa “profunda preocupación por la situación del financiamiento de los servicios brindados por diferentes prestadores a personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901”.
Según el comunicado, la situación actual es insostenible, ya que la falta de ajuste real de los aranceles pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Muchas instituciones están al borde del cierre debido a un proceso de endeudamiento generado por la falta de adecuación de los aranceles a la realidad de los costos de los servicios.
El Foro destaca que en el último trimestre de 2024 se estableció un aumento del 11,4% para el gremio de referencia, Sanidad, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre a noviembre de 2024 fue del 8,7%. Sin embargo, los aumentos de aranceles fijados por el Directorio fueron apenas del 2,31%, lo que resulta totalmente desproporcionado. Esta situación impide a los prestadores cumplir con sus obligaciones laborales, impositivas y de servicios.
Además, se señala un retraso acumulado en los últimos tres periodos, con un atraso en el valor de los aranceles que, proyectado a diciembre de 2024, supera el 60%, tornando la situación crítica para el sector.
Ante este panorama, el Foro solicita con urgencia que se establezcan aumentos de aranceles acordes a la realidad económica, y recuerda que el Directorio del Sistema Único, del cual los destinatarios de la carta son miembros, tiene la potestad y obligación de dar respuesta a esta problemática.
Asimismo, se pone a disposición para colaborar en la elaboración de un plan que permita revertir esta situación y garantizar un sistema de financiamiento viable y justo para todas las prestadoras de servicios a personas con discapacidad. Finalmente, solicita la convocatoria impostergable de una reunión presencial del Directorio para establecer acuerdos que permitan proyectar el inicio de febrero y del año en curso.