La Justicia Federal ordena devolver la obra social al gremio de los peones rurales e investiga asociación ilícita de funcionarios de Milei y Pablo Ansaloni
La Justicia Federal dejó sin efecto el decreto de Javier Milei y ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que restituya a la UATRE el control de OSPRERA. Se detectaron irregularidades en los procedimientos que llevaron a su intervención, lo que ha desencadenado una investigación contra funcionarios vinculados a Milei por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según el juez, el estado contable “crítico” descrito por la Superintendencia para justificar la intervención no coincide con el “análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023”, que muestra un resultado positivo y una disminución de deudas.
El análisis judicial también cuestiona la descripción de la situación prestacional y el nivel de litigiosidad detallados en la Resolución, señalando que las cifras presentadas están infladas en comparación con los datos constatables.
Además, se ha tomado en cuenta una denuncia contra el superintendente Gabriel Oriolo y los responsables de las áreas técnicas que suscribieron la Resolución, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Asimismo, se investigará a Oriolo, a los funcionarios técnicos de la Superintendencia y al diputado nacional Pablo Ansaloni por presunta asociación ilícita y tráfico de influencias, con el objetivo de desplazar ilícitamente a las autoridades legítimas de OSPRERA y tomar el control de la obra social.