Hace unos días, en el Polo Cultural, se presentó la guía “Recomendaciones para la Construcción de Entornos Físicos y Socialmente Accesibles desde un Enfoque de Derechos Humanos”, organizada por la Dirección de Discapacidad del municipio y el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
La concejala Carolina Jaureguizhar destacó que el taller abordó la accesibilidad desde una perspectiva de derechos humanos, fomentando la reflexión sobre la importancia de generar espacios accesibles desde el nivel provincial y municipal. Jaureguizhar contrastó esta iniciativa con el reciente anuncio del Gobierno Nacional de un ajuste en el área de discapacidad, que incluye una reducción de al menos 200.000 pensiones en 2025, según el presupuesto nacional.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad reconoció que el recorte de 200.000 pensiones, ya proyectado en el presupuesto, responde al plan Motosierra del Gobierno. La medida sigue a la reforma de requisitos mediante el DNU 843-2024, que vuelve incompatible el cobro de la pensión con tener un trabajo registrado. Este decreto revierte una flexibilización previa de los requisitos, afectando tanto a nuevas solicitudes como a pensiones ya otorgadas.
Las organizaciones de discapacidad consideran el decreto regresivo, pues reinstaura una visión restrictiva del beneficio, centrada únicamente en discapacidades físicas que impiden trabajar. Esto contrasta con el enfoque integral promovido por organismos internacionales, que prioriza la calidad de vida y autonomía de las personas. En este contexto, el ajuste continúa afectando a sectores vulnerables, como jubilados, educación pública, y ahora también a personas con discapacidad.