La Justicia allanó la obra social Osprera, la tercera más grande del país, bajo sospechas de lavado de dinero. Esta entidad, administrada por José Voytenco, líder de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), habría recibido $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años sin lograr regularizar sus deudas, que hasta agosto ascendían a $43.949 millones. Ante esta situación, funcionarios del Gobierno manifestaron “serias dudas” sobre el manejo de los fondos.
La denuncia fue presentada por Marcelo Andrada, secretario general de Uatre en La Plata, quien acusa a Voytenco de llevar un estilo de vida lujoso, incompatible con su rol sindical. El documento presentado en la Justicia describe una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados como parte de su patrimonio. LA NACION intentó contactar a Voytenco para obtener su versión, sin éxito.
La investigación judicial se centra en el presunto lavado de activos. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, dispuso la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de Voytenco, siguiendo la estrategia del “follow the money”. Además, ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud adoptar medidas de control sobre Osprera para garantizar la continuidad del servicio de salud, solicitando un informe detallado de las finanzas de la entidad.
La denuncia plantea investigar el flujo de dinero en tres posibles fuentes: la obra social Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), que maneja el fondo de desempleo, y contratos con aseguradoras por seguros de sepelios. Además, se menciona la posible existencia de “retornos de dinero en efectivo” provenientes de empresas vinculadas al fútbol de primera división.
El Gobierno busca intervenir en lo que denomina “la caja negra” de Osprera, con una deuda acumulada que ya provocó la intervención judicial en marzo de 2023, tras episodios violentos en el gremio. En aquel momento, la administración de Osprera quedó en manos de la Justicia de La Pampa tras el asesinato de un chofer de Pablo Miguel Ansaloni, entonces vicepresidente de la obra social y opositor de Voytenco. En julio de este año, la administración retornó a Uatre y, por consiguiente, a la facción de Voytenco.
Desde el Gobierno, también señalaron que, durante la intervención judicial, Osprera recibió $26.090 millones en transferencias del Estado, de los cuales $3.350 millones fueron otorgados en octubre del año pasado. La Superintendencia de Servicios de Salud exige ahora una rendición detallada de estos fondos, pues no se reportaron mejoras en las finanzas de la entidad.
29/10/24 – Antecedentes en OSPRERA
Osprera fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de la caja. De hecho, dicha disputa incluyó el asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de la obra social y opositor a Voytenco. Ansaloni actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza.
La intervención de la Justicia le quitó a Uatre la administración de Osprera, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos
“La sospecha es que la determinación (del Gobierno por la nueva intervención) está digitada políticamente”, señalaron desde la facción de Voytenco, a propósito del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Ansaloni, quien disputó la mencionada interna violenta. Este último negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión al frente de la obra social.