Laura Luciani, directora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario:
“Lo que se está discutiendo ahora es muy interesante desde el punto de vista social. Como comunidad universitaria, y también como ciudadanos, lo que planteamos es que todas las cuentas deben ser transparentes. Todo el presupuesto nacional destinado a las universidades debe ser auditado y rendido como corresponde, tal como sucede con cualquier recurso público. Tenemos el derecho de saber cómo cada gobierno utiliza el dinero destinado a la universidad, la educación, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Esto es algo básico y no debería ser solo un discurso de la derecha.
Sin embargo, el gobierno nacional está utilizando este derecho legítimo de conocer el uso del dinero público para inclinar a los trabajadores hacia una política de cierre de universidades. No se está hablando de mejorar las condiciones de las universidades, al menos no queda claro en sus acciones.
Existen dos discursos en juego: uno que habla de auditorías, que es correcto y necesario, y otro que sostiene que los estudiantes no terminan sus carreras a tiempo y que se invierte demasiado en ellos. Si bien las auditorías son imprescindibles, no se puede usar este argumento para justificar el cierre de las universidades, que parece ser el mensaje de fondo.
Desde septiembre de 2022, el 85% del presupuesto universitario se destina a salarios docentes, ya que no se renovó la partida presupuestaria, y con la inflación, todo se ha desmoronado en términos de precios. Esto ha llevado a un vaciamiento de las universidades y de las políticas educativas.
No estamos hablando de sueldos altos. Un titular con dedicación semiexclusiva y 20 años de antigüedad apenas cobra el equivalente a una canasta básica, unos 950 mil pesos. Necesitás 20 años de antigüedad para tener un sueldo más o menos digno, por lo que la mayoría de los docentes tienen que trabajar en otros empleos; nadie puede vivir únicamente de la docencia universitaria.
La universidad demanda mucho: investigación, docencia y formación de nuevas generaciones, y todo esto no se puede hacer con el salario de un docente simple. Por eso la mayoría también tiene otros trabajos.
La universidad no es solo un edificio; es mucho más. En el caso de Rosario, además de las facultades donde estudian la mayoría de los estudiantes de grado, tenemos escuelas preuniversitarias en Rosario, General Lagos y Puerto General San Martín. También hay sedes de la universidad en otras ciudades, escuelas de oficios, programas para adultos mayores y comedores universitarios que ofrecen menús a precios accesibles. La universidad es una estructura compleja que no se reduce a los docentes en el aula.
Respecto al argumento de que los pobres están financiando las carreras de la clase media o alta, esto es falso desde hace mucho tiempo. La mayoría de los estudiantes son trabajadores que no tienen el lujo de depender de sus padres para pagar una pensión o un departamento; trabajan en lo que pueden. Como directora, veo expedientes de personas que tienen familiares a cargo, que necesitan cursar mientras trabajan. Decir que los pobres no acceden a la universidad es un discurso profundamente clasista.
Lo que los pobres sí están financiando son los viajes en avión del presidente, o lo que hacen el Congreso y otros funcionarios, mientras se da la espalda a los jubilados, a la salud y a la educación pública. Con nuestros impuestos, estamos pagando a esa gente, mientras que las políticas como la reducción de bienes personales benefician a los más ricos, quienes ahora contribuyen mucho menos.”